La inflación provoca pérdida del poder adquisitivo

A diferencia de lo ocurrido en 2008 y 2009, los precios crecieron el año pasado más que los salarios: la inflación cerró 2010 con un alza del 3%; la subida media en el conjunto del año fue del 1,8%. Los sueldos pactados por convenio -que afectan a más de siete millones de trabajadores- crecieron el 1,3%, y la encuesta de costes laborales refleja aumentos aún menores. Esa diferencia supone una reducción automática del poder de compra de los salarios.

Entre esos siete millones de empleados con convenio, algo más de tres millones de trabajadores carecen de la protección de las cláusulas de revisión salarial. Esos son los más perjudicados por el alza de precios. Pero no solo esos: el dato de diciembre suele utilizarse para la actualización automática de salarios, alquileres y otros tipos de rentas, lo que provoca transferencias de poder adquisitivo. "La subida de la inflación comporta un empobrecimiento de la sociedad española: los trabajadores, y colectivos como los funcionarios y en menor medida los pensionistas, cargan con el grueso del impacto de la crisis, lo que en definitiva va a comportar una distribución de la renta más desigual", afirmó Santos Ruesga, de la Universidad Complutense.


El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, atribuyó la mayor inflación a la evolución de los precios de la energía y al aumento de impuestos. Campa confía en que a medida que se absorban las subidas impositivas "los incrementos de precios se mantengan a tasas similares a las de diciembre", aunque el 1 de enero entraron en vigor fuertes alzas de los precios regulados (de la luz, el gas y el transporte) que podrían deparar más inflación. Tanto Funcas como el Instituto Flores de Lemus elevaron ayer sus previsiones de IPC para 2011.

El número dos de Economía dejó un recado adicional: "Es deseable que la volatilidad del IPC y los precios de la energía no generen efectos de segunda ronda". En román paladino, el Gobierno espera que el alza de los precios no se traslade a los salarios, lo que generaría más costes para las empresas y a la postre nuevas subidas de precios, en una espiral muy perjudicial para la competitividad exterior de la economía.